Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para los cuatro imputados de la Armada

La causa judicial que investiga las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este lunes en una etapa clave. Durante la audiencia de inicio de los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de prisión para los cuatro exoficiales imputados por la tragedia, que causó la muerte de 44 tripulantes.

Tras varias horas de exposición, la Fiscalía pidió cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. Además, requirió cinco años de prisión efectiva para Claudio Villamide, ex capitán de navío, comandante y máximo responsable de la Fuerza de Submarinos.

Asimismo, solicitó cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento, y tres años de prisión para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien desempeñaba funciones vinculadas a operaciones y comunicaciones dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

Estos pedidos surgen tras meses de debate oral, decenas de audiencias y más de noventa testigos que comparecieron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos. En una jornada de diez horas, los fiscales presentaron su teoría acusatoria, con la que intentan demostrar que el submarino navegó en condiciones técnico-operativas deficientes y que los responsables de conducción, control y supervisión incumplieron deberes esenciales que pudieron evitar la tragedia.

La audiencia fue presidida por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. La Fiscalía estuvo representada por Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, quienes dividieron la exposición para abordar distintos aspectos del caso. También participaron los querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras, junto a los cuatro imputados y sus defensores.

El fiscal Pruzan inició la exposición repasando la acusación elevada a juicio y reconstruyendo la cadena de mando en la Armada Argentina en el momento de la última misión del ARA San Juan. Subrayó los roles de López Mazzeo y Villamide para contextualizar las órdenes operativas emitidas, que culminaron con la misión encomendada al submarino.

Según la Fiscalía, cuando el ARA San Juan zarpó desde Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, lo hizo en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”.

Con base en documentación incorporada al expediente, los fiscales destacaron que, tras la reparación de media vida finalizada en 2015, la nave acumuló una serie de desperfectos técnicos que, aunque en algunos casos fueron corregidos, mantuvieron problemas relevantes para la seguridad operacional. Uno de los puntos centrales fue el mantenimiento: el submarino superó en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco y realizar tareas esenciales contempladas por el fabricante.

“La falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad, que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina”, recordó Pruzan al leer parte del requerimiento de elevación a juicio, según informó La Opinión Austral.

La acusación también reconstruyó los hechos ocurridos durante la navegación final. Según la Fiscalía, el 14 de noviembre de 2017 se produjo el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número tres a través del sistema de ventilación, situación que provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Este episodio afectó críticamente la seguridad del submarino y derivó en la pérdida de control horas después.

El fiscal Julio Zárate presentó una extensa exposición técnica, apoyada en documentación y material gráfico, en la que repasó las reparaciones pendientes, limitaciones operativas y trabajos de mantenimiento que, según la acusación, nunca fueron completados. Lucas Colla se centró en las responsabilidades funcionales de cada acusado, recordando que Villamide era la máxima autoridad operativa de la Fuerza de Submarinos; López Mazzeo, el responsable del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Hugo Correa, encargado de operaciones y comunicaciones dentro de la Fuerza de Submarinos; y Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento.

Uno de los momentos más contundentes fue la intervención de María Garmendia, quien se enfocó en la situación de Claudio Villamide. Repasó su trayectoria en la Armada y destacó que durante el juicio se acreditó la existencia de numerosas novedades técnicas pendientes y limitaciones operativas conocidas por la cadena de mando.

Destacó que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente el ingreso del submarino a dique seco meses antes del hundimiento. “Hizo el pedido formal, de la manera habilitada; queda en manos de los superiores qué es lo que tenían que hacer”, señaló.

También remarcó la postergación de una inspección de seguridad que, según la acusación, debía realizarse antes de la tragedia. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, explicó. “El