Aerolíneas Argentinas y Scandinavian Airlines System (SAS) firmaron el martes un acuerdo de código compartido que permitirá a ambas compañías vender pasajes de la otra en rutas donde conectan, incluyendo tramos entre Roma y Madrid hacia la península escandinava, así como en los vuelos que Aerolíneas opera desde Ezeiza hacia Madrid y Roma.


Este convenio es el más reciente dentro de una serie de acuerdos de código compartido que la aerolínea estatal argentina ha suscripto con distintas empresas internacionales. Integrante de la alianza SkyTeam, Aerolíneas conecta sus vuelos con socios como Air France, KLM, Delta, AeroMéxico, ITA Airways, Korean Air y Air Europa. Además, mantiene acuerdos similares con aerolíneas regionales como Gol, Avianca y LATAM, así como con China Eastern y El Al.
Para los pasajeros, el nuevo acuerdo con SAS, la aerolínea de bandera de Suecia, Noruega y Dinamarca, implica la posibilidad de adquirir un único boleto para todo su itinerario, realizar el check-in en un solo trámite y despachar su equipaje hasta el destino final.
Más allá del acuerdo comercial y operativo firmado por Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, y Paul Verhagen, vicepresidente ejecutivo y Chief Commercial Officer de SAS, esta relación tiene antecedentes históricos. Hace cuatro décadas, ambas aerolíneas negociaron una de las primeras privatizaciones de una empresa pública argentina en democracia. En 1988, durante el tramo final del gobierno de Raúl Alfonsín, se intentó una alianza que finalmente fracasó por la oposición política del peronismo.
Ese año, Rodolfo Terragno asumió como ministro de Obras Públicas y delegó la dirección del organismo Empresas Públicas a Horacio Losoviz. En una columna publicada en 2024 en El Economista, Losoviz recordó que junto con Terragno impulsaron un acuerdo para vender a SAS el 40 % del paquete accionario y la operación de Aerolíneas, a cambio de 204 millones de dólares. Bajo ese esquema, el Estado argentino conservaría el 51 % de las acciones, los empleados el 9 % restante, y las principales autoridades de la empresa serían designadas en Argentina. Además, los beneficios se repartirían con un 70 % para el Estado, encargado también de los impuestos.
SAS tendría la responsabilidad de administrar la aerolínea y actuar como agente comercial global, pero no podría vender ni transferir sus acciones. “No nos motivaba ninguna ideología particular, sino la certeza de que el Estado argentino no estaba en condiciones de gestionar adecuadamente algunas de sus empresas públicas”, afirmó Losoviz.
El acuerdo contó con el apoyo de pilotos y técnicos, quienes vieron en SAS una oportunidad para mejorar la formación y la imagen de Aerolíneas, entonces una de las compañías más prestigiosas del mundo. Sin embargo, el sector administrativo, considerado sobredimensionado, mostró reservas.
Durante las negociaciones se solicitó la intervención del Banco Mundial para certificar la transparencia del proceso, lo cual fue confirmado por la institución. El acuerdo fue sometido al Congreso, pero no obtuvo la ratificación necesaria, fragmentándose finalmente en el Senado, bajo la conducción de Eduardo Menem.
“El Senado argentino rechazó el proyecto, liderado por el senador Eduardo Menem, quien afirmó: ‘¡Jamás le pondremos bandera de remate a las empresas del Estado!’”, recordó Losoviz. Posteriormente, el gobierno de Carlos Menem privatizó el 100 % de Aerolíneas Argentinas, libre de deudas, vendiéndola a la empresa estatal española Iberia, competidora directa en las rutas transatlánticas. Como consecuencia, Aerolíneas fue quedando semivacía y quebrada.